Los pueblos piden una fiscalidad reducida

Este informe ha sido elaborado por un grupo de expertos de la Universidad de Valladolid, coordinado por el doctor en Economía José Antonio Herce San Miguel, y financiado desde la Red SSPA con fondos europeos Leader. 

Previamente la Red SSPA, formada por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel y los Grupos LEADER de Desarrollo Rural de Soria, Cuenca, Teruel, ha hecho entrega del informe a la Comisionada del Gobierno frente al Reto de Demográfico, Isaura Leal, para que se tenga en cuenta en la estrategia nacional. Le han transmitido que si se puede implantar medidas de reducción fiscal para combatir la despoblación, y para ello solo hace falta voluntad política.

Han transmitido que, de no implantarse de inmediato políticas y medidas específicas capaces de corregir esta situación, el desequilibrio entre el medio urbano y el rural continuará acrecentándose hasta el extremo, sufriendo la Unión Europea la inexorable perdida de una parte fundamental de los valores sociales, culturales, económicos y ambientales asociados al medio rural. La red SSPA está convencida que es posible revertir esta situación como se ha demostrado en otros lugares de Europa como Escocia, explicando las razones por las que se necesita una política fiscal diferenciada y las medidas más eficaces y eficientes para lograr resultados positivos.

Este informe presenta una propuesta fiscal para la repoblación de un territorio que en el informe denomina como la “Ultraperiferia Demográfica Española”, con el objetivo crear los incentivos que evitasen la despoblación y fomenten la repoblación.

Se ha presentado su justificación, valoración e impacto socioeconómico de una propuesta fiscal para la repoblación, así como los potenciales efectos de una serie de estímulos fiscales de cierta envergadura aplicados a las personas físicas y jurídicas de todos los territorios afectados por la despoblación y los que decidan establecerse en ellos.

En este informe se valora el encaje jurídico, ya que los estímulos fiscales diferenciados territorialmente deben pasar un estricto examen basado en las propias disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para evitar ser considerados “Ayuda de Estado”. Existen antecedentes en España y en otros países adaptables al caso de la despoblación, como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias que está reflejado en la Constitución Española como “Región Ultraperiférica” (por su distancia geográfica. Estas excepciones, reinterpretadas en el plano de la baja densidad y la alta dispersión poblacional, son las que ayudarían a afrontar el reto normativo que plantea la excepcionalidad fiscal para la España despoblada que se defiende en este informe.

El análisis jurídico que se ha llevado a cabo en este informe concluye que, el reconocimiento de una Zona Fiscal especial para los territorios despoblados podría tener encaje de realizarse una interpretación adecuada, y que una petición razonada del Gobierno de España podría iniciar un proceso hacia su autorización por la UE.

También han analizado que el coste que tendría para el estado estas medidas fiscales diferenciadas sería mínimo y podría recuperarse a medio plazo con el incremento de la actividad económica que se generaría en estos territorios.

Es un momento clave para el medio rural y las zonas despobladas de nuestro país, y este informe es fruto de la preocupación por el despoblamiento progresivo e imparable de una gran parte del territorio español, y del compromiso irrenunciable de la Red SSPA hacia la reversión de dicho proceso de despoblamiento aportando propuestas rigurosas. Esta red realizará próximamente presentaciones del informe en Cuenca, Soria y Teruel con mesas de debate para dar más detalles y analizarlos con el conjunto de la sociedad.

Fuente: El Día digital.es